El proyecto de ley quiere cambiar la legislación de los agrotóxicos en Brasil

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En el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (OMC).

La producción de agrotóxicos en Brasil puede sufrir cambios en los criterios de aprobación, en el análisis de riesgos e incluso en el nombre que será dado a los productos. Estas modificaciones están previstas en un proyecto de ley elaborado por el actual ministro de Agricultura, Blairo Maggi (PP). La propuesta está en discusión en la Cámara de Diputados, fue aprobada en comisión, y es defendida por empresarios y duramente criticada por ambientalistas y entidades médicas.

El proyecto de ley quiere cambiar el nombre de los agrotóxicos para “defensivos agrícolas” y “productos fitosanitarios”. Va a liberar licencias temporales, y también prevé que el análisis de los productos prohíba sólo las sustancias que presenten un riesgo inaceptable.

Pero existen riesgos aceptables cuando se habla de salud pública y protección al medio ambiente? La cuestión es planteada por organizaciones e institutos oídos por el G1. Por creer que la respuesta es “no”, los opositores llaman la iniciativa de “PL del Veneno”.

El proyecto de Ley 6.299, de 2002, agregó otras 28 propuestas que ya tramitaban en el Congreso. Es defendido por el sector vinculado al agronegocio en la Cámara como una modernización de las normas establecidas hasta hoy. Los favorables dicen que el proceso para la evaluación y liberación de los agrotóxicos es muy caro y demorado.

En la actualidad, es necesario el aval de diferentes órganos para que un nuevo producto sea aprobado, entre ellos la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura.

En el lado contrario al proyecto de ley están ONGs del área del medio ambiente, Anvisa, la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el Departamento de Vigilancia en Salud Ambiental y Salud del Trabajador (Ministerio de Salud), el Instituto Nacional del Cáncer (Inca y el Ibama, entre otras instituciones. Ellos presentan estudios científicos y argumentan que los cambios pueden traer riesgos a la salud y al medio ambiente.

 

Historial del PL 6.299

En Brasil, las cuestiones vinculadas a los agrotóxicos son consolidadas por la Ley nº 7.802, de 1989, que habla de investigación, etiquetado, almacenamiento, importación, exportación, y registro – casi todos los procesos relacionados al uso, liberación y fiscalización de los pesticidas en el país.

La comisión para discutir los cambios fue creada en 2016 por la presidencia de la Cámara. En la época, la presidenta electa para la comisión especial fue la diputada Tereza Cristina (DEM). Que designó como ponente al diputado Luiz Nishimori (PR), que dio su opinión favorable al proyecto de ley.

La Comisión estableció un cronograma de trabajos y escogió expertos para debatir 18 ejes. Antes de dar su dictamen favorable, Nishimori escribió más de una decena de consideraciones, como las dificultades de producción en regiones tropicales, “evaluación atrasada” en relación al escenario internacional, criterios de riesgo y, al igual que los defensores de la ley, un sistema de registro de plaguicidas “extremadamente burocrático”. Según el informe, un nuevo producto tarda de 6 a 8 años para su aprobación.

La ley pretende cambiar nombre “agrotóxicos” para “productores fitosanitarios” (Foto: Nathalia Ceccon / Idaf-ES)

Lo que está previsto en la propuesta

A continuación se muestra lo que está en el proyecto de ley:

  • Pasa a usar los términos “defensivos agrícolas” y “productos fitosanitarios” en lugar de “agrotóxico”.
  • Los análisis para nuevos productos y autorización de registros pasan a estar coordinados por el Ministerio de Agricultura.
  • El Ministerio de Agricultura también “definirá y establecer prioridades de análisis de los pleitos de registros de productos fitosanitarios para los órganos de salud y medio ambiente”.
  • Se crea un registro y autorización temporales para productos que ya se registran en otros tres países que son miembros de la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) y adopta el código de la FAO. El plazo será de 1 año de análisis y entonces el registro será liberado temporalmente.
  • El análisis de riesgo es obligatorio para la concesión de registro y deberá ser presentado por la empresa que solicita la liberación del producto. Los productos con “riesgo aceptable” pasan a ser permitidos y sólo se pueden barrar productos con “riesgo inaceptable”.
  • Los Estados y el Distrito Federal no podrán restringir la distribución, comercialización y uso de productos autorizados por la Unión.
  • Facilita la burocracia para la liberación de agrotóxicos idénticos y similares a otros ya registrados.

Constitucionalidad cuestionada

El diputado Luiz Nishimori escribió en su informe que consideró los cambios constitucionales. El Ministerio Público Federal (MPF) discrepa y, en nota técnica, dijo que al menos seis artículos de la Constitución Federal serán violados si el proyecto es aprobado.

“En el entendimiento de la cuarta Cámara, el texto de autoría del actual ministro de agricultura, Blairo Maggi, flexibiliza el control sobre los productos en detrimento de la salud y del medio ambiente”, dijo la Cámara de Medio Ambiente y Patrimonio Cultural del MPF (4CCR).

De acuerdo con el MPF, la actual legislación veda la aprobación de sustancias con características teratógenas, carcinogénicas o mutagénicas, o que provoquen disturbios hormonales y daños al sistema reproductivo.

El proyecto de ley, según el órgano, permite que sean registradas ya que se establece el análisis de riesgo – sólo los productos con “riesgo inaceptable” podrían ser barrados.

“Queda prohibido el registro de agrotóxicos, sus componentes y afines que revelen características teratógenas, carcinogénicas o mutagénicas, de acuerdo con los resultados actualizados de experiencias de la comunidad científica”, dice el texto de la ley de 1989.

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